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Minería ilegal en Colombia: obstáculo a la industrialización

El mapa del conflicto armado coincide, en gran parte, con el mapa de la minería ilegal en ese país.

Por supuesto que no es casualidad. Es la constatación de que estos dos fenómenos forman parte de una misma historia: presencia débil del Estado, utilización de los recursos de la extracción de minerales para alimentar la guerra, compleja interrelación entre diversos actores armados, es decir, narcotráfico, guerrilla y bandas criminales.

En Colombia se da la situación paradójica de que el Estado tiene el monopolio de la compra de los productos mineros -entre ellos los metales preciosos- pero esto no significa que haya, a la par, una vigorosa política minera, porque en ese país, a pesar de su tradición extractiva que se remonta a la Colonia, sobre todo en la explotación del oro y la plata, no se ha industrializado ese sector, ni se ha definido, por lo menos en los últimos veinte años, como factor decisivo en el desarrollo económico.

La minería ilegal crea condiciones infrahumanas de trabajo

Lo que ha habido, por el contrario, es una minería artesanal, informal, ligada a comunidades pobres como forma de subsistencia. Pero la proyección de la gran minería, la que se da mediante masiva inversión extranjera, a manos de poderosas empresas transnacionales, con procesos industriales, es algo demasiado reciente, no más allá de quince años.

Para el año 2003, por ejemplo, la minería significaba el 2,8% del PIB (Producto Interno Bruto) y el 21,3% del total de las exportaciones. En Chile -potencia minera en Latinoamérica- es el 8% y el 47%, respectivamente. Sin embargo, en 2006, la agencia recaudadora de impuestos de Colombia recibió de la industria minera US$561 millones. Y para el año 2011 los aportes fueron mucho más grandes: US$10.000 millones. (FEDESARROLLO, La minería en Colombia: impacto socioeconómico y fiscal. Citado en Minería Ilegal en Colombia, un frente de guerra que se abre. Luis Alexander Montero Moncada. Universidad Militar Nueva Granada. P 4)

Con el actual gobierno, la minería entró de lleno a ser factor estratégico de desarrollo económico, tanto así que se habla de la “locomotora minera”, en alusión al empuje que ésta debe dar a la estructura productiva del país.

Pero esa locomotora, entre otros obstáculos, ha encontrado uno de difícil manejo: la minería ilegal, otros la llaman criminal, en abierta diferencia con la informal o artesanal, que no está anclada en actividades ilegales como el narcotráfico o el lavado de activos, ni tiene vínculos con grupos armados, al margen de la ley.

Una mancha de aceite

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Colombia, el 44% de los municipios en ese país están afectados por la minería ilegal. Y ésta representa el 30% de la actividad minera total. Los departamentos (provincias o estados, como se les llama en países como Argentina o México) más afectados son Córdoba (86%), Boyacá (69%), Risaralda (64%) y Quindío (62%).

Según el Ministerio de Defensa, de 340 municipios con actividades de minería ilegal, 186 tienen explotación de oro, en 87 hacen presencia las Farc, en 30 el Eln y en 118 las bandas criminales.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, señaló en un informe que “los parámetros legales expedidos para regular y legalizar la minería no son objeto de estudios previos que involucren contenidos tan importantes como el poblacional, el social, el ambiental, el territorial y el económico”. Según la Defensoría, “el gobierno ha propuesto tres programas de legalización que han tenido una eficacia menor al 1%”.

En este contexto, el diagnóstico del Ministro del Medio Ambiente, Juan Gabriel Uribe, es preocupante: “El principal reto que tiene el país es evitar que (la minería criminal) genere una guerra por el oro, por el coltán, por el tungsteno. Que (…) terminemos como en Angola o el Congo. Estamos al borde de esa situación: que la guerra del narcotráfico mute hacia la guerra por la minería”. (El Tiempo. “Minería ilegal nos puede generar una guerra como la de Africa”. Enero 2, 2013)

Hay, por lo tanto, vacíos legales e institucionales de los que saca provecho la minería ilegal. Además, sus actividades están asentadas, en muchos casos, en áreas de protección ambiental, en parques naturales, páramos y zonas de reserva, como lo señala el reporte de la Procuraduría.

El resultado es impresionante: “al año, la destrucción del suelo y la tala de bosques es del orden de 3 a 4 hectáreas; se usan 35 kilogramos de mercurio; se vierten 330 galones de aceites usados, y se introducen en el ambiente entre 2.000 y 3.000 toneladas de sedimentos”.(UN Periódico Nº155. Ilegalidad minera, problema social y crminalidad. Antonio Romero Hernández).

Nuevas leyes

Minería subterránea realizada sin seguridad y con grandes riesgos
Minería subterránea realizada sin seguridad y con grandes riesgos


En el mes de noviembre del año pasado, el gobierno expidió un decreto en el que se controla la importación de cierta maquinaria pesada que es utilizada para actividades por fuera de la ley. Fue creado a la luz de la política Andina de lucha contra la minería ilegal.

Entre otras regulaciones, este decreto controla las vías por las cuales se debe desplazar la maquinaria importada, el transporte y almacenamiento de insumos químicos que puedan ser utilizados en actividades mineras, y la imposición de un sistema permanente de monitoreo (GPS) a cada máquina importada, de acuerdo con los requerimientos técnicos que establezcan las autoridades de policía.

Pero esta es apenas una arista del problema tan complejo. Hasta ahora, y en palabras del Ministro del Medio Ambiente, “este ministerio estuvo casi sin existir y fusionado con Vivienda durante una década. Hasta ahora está comenzando a tener un cuerpo institucional”(Op.Cit. El Tiempo. Enero 2, 2013) . El tema ambiental es decisivo no sólo para desactivar el daño producido por la minería ilegal, sino también para desarrollar reglas claras en el desarrollo de una minería legal responsable.

En ese sentido, una de las recomendaciones de la Procuraduría al gobierno central es clave: “se hace necesario diseñar una política minera clara y estructurada, que involucre de forma integral los aspectos ambientales, sociales, económicos, laborales y de salud pública y ocupacional que ésta conlleva, sobre todo en lo que respecta a la protección de comunidades y grupos sociales vulnerables. En el mismo sentido, considera inaplazable fomentar desde la institucionalidad una minería responsable y ambientalmente sostenible, sin distinguir para tal fin los volúmenes de explotación”.

Ahí está el gran reto: desarticular una red criminal, tan peligrosa y devastadora como el narcotráfico, para lograr desarrollar una minería industrial, de alta tecnología sostenible, con empleo de una mano de obra calificada. “Colombia logrará su inserción en las veinte primeras economías del mundo de la mano de la industrialización de minerales, procedentes o no de nuestro subsuelo. La mineralurgia, o industria de minerales, es la llave del desarrollo” (Op.Cit.UN Periódico, Nº155).

Si bien las condiciones son muy distintas en los países donde hay minería ilegal, lo común en todas es que le roba recursos al desarrollo, crea condiciones infrahumanas de relaciones laborales, explota el trabajo infantil, convierte la extracción minera en una actividad violenta, y afecta, en muchos casos de manera irreversible, reservas naturales protegidas.

Chile es un ejemplo, precisamente, de minería sustentable, con reglas claras frente al tema ambiental y con el respeto a la consulta previa a las comunidades donde se van a desarrollar proyectos mineros.

Nada de eso es posible, con las perturbaciones que genera la minería ilegal. El llamado boom minero colombiano será una oportunidad perdida para el desarrollo económico, si no hay una política minera de Estado coherente, que trate de manera integral ese problema y logre, también, cubrir los vacíos en la manera como se desarrolla la minería legal.

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