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La minería en las economías de los Estados modernos

Cuando se habla de minería, las discusiones sobre su regulación y vigilancia, el impacto ambiental y la necesidad de políticas públicas de parte del Estado, aparecen en escena. De hecho, un país con vocación minera implica una serie de estructuras organizativas en función de la actividad, así como una preparación de mano de obra y el diseño de infraestructura acorde a los requerimientos mineros. En síntesis, sostener la vocación minera de un Estado requiere serios esfuerzos que involucran no solo a las instancias públicas sino a la sociedad misma.

Canadá es un ejemplo exitoso de superación de estas barreras y de construcción de un modelo minero con rasgos interesantes. Allí, los indicadores macroeconómicos de la última década reflejan una economía saludable y un sector minero que representaba para el 2008 el 5% del PIB y el 15 % de las exportaciones totales, siendo además abanderado mundial en la explotación de Potasio y Uranio. Hay que recordar que Canadá es además uno de los países con mayores reservas forestales del mundo.

En América Latina es significativa la actividad minera en Chile y Perú. En estos países, se ha construido un sistema de políticas públicas sostenibles, combinadas con elementos de infraestructura extensiva potenciando sus cualidades en la explotación de Cobre, en el caso chileno, y de Cobre, Oro, Plata Zinc y Plomo para el caso de Perú.

Por lo tanto, la minería chilena representa alrededor del 47% del total de las exportaciones y cerca del 8% del PIB. Perú por su parte de 128 millones de hectáreas totales que representa el área del Perú, ascendió a 34 millones de hectáreas destinadas a actividades mineras, logrando estabilizarse y promediar en casi 13.5 millones de hectáreas, siendo algo mas del 10% del total del territorio dedicado a la minería. Esto representa para las ganancias peruanas el 50 % de sus exportaciones.

El caso colombiano se aleja de los ejemplos mencionados. Solo hasta la primera década del año 2000 la minería colombiana deja de ser totalmente residual, para tener un pequeño impulso en 2003, donde la situó en el 2.8% del PIB nacional y en el 21.3 % del total de las exportaciones; evidentemente lejos de Perú o Chile. Este año marcó el cambio de una pequeña minería a una industria matizada por la gran explotación.

A pesar de esta baja producción minera comparada con Chile y Perú, la participación de la minería en la economía colombiana y en el total de los ingresos es de relativa y especial importancia. En ese sentido, en 2006 la DIAN recibió aportes de este sector por 1.17 billones de pesos (distribuidos en un 91% como impuesto a la renta y 9% en el IVA derivado de la actividad). Para 2011, la cifra de aportes de la minería al financiamiento del Estado ya ascendía a 18.9 billones de pesos. En cuanto regalías y desarrollo regional vale la pena mencionar que la minería se consolidó como actividad de primer o segundo orden en los departamentos de La Guajira, Cesar, Boyacá y Córdoba, en lo correspondiente a la minería tradicional y en los departamentos de Antioquia, Chocó, Caldas y Bolívar, en lo relacionado con la minería del Oro.

Como conclusión preliminar se puede afirmar que a pesar de tener un potencial minero importante, el Estado no tienen una estrategia minera definida y deja enormes vacíos institucionales y legales que son aprovechados por grupos ilegales para cooptar este negocio.

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