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Minería Ilegal

Degradación Ambiental

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Hoy Colombia enfrenta un reto muy grande frente a la explotación de los recursos naturales no renovables. Por un lado hay ambientalistas que proponen que el aprovechamiento de estos recursos minerales debe prohibirse totalmente por el impacto que se ocasiona al ambiente, y por el otro, los que prefieren que se haga con regulación para evitar los impactos que genera la minería ilegal.

Ahora bien, si con la minería legal las medidas de manejo ambiental y compensaciones por cambio de uso de la tierra son insuficientes; en las ilegales son nulas. Lo más triste de este panorama es que no sabemos a ciencia cierta cual es el verdadero daño y el costo ambiental de lo que le ha hecho esta actividad al país y cuándo el ambiente nos empezará a cobrar factura por estos hechos.

La minería ilegal es un problema que tiene consecuencias graves en todos los aspectos: daños ambientales a nuestros ecosistemas estratégicos, sirve de fuente de financiación del conflicto para los grupos armados que operan en estas áreas y tal como P. Collier lo plantea en su texto clásico, esta actividad sirve de combustible de las guerras civiles ya que si los grupos armados al margen de la ley reciben beneficios por esta actividad ilícita, siempre será ésta el combustible para continuar en el conflicto.

El Centro Internacional de Toledo para la Paz – CITpax Colombia –  divulgó en su V Informe de 2012: Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia que el atractivo de esta actividad está asociada a varios factores entre los que se encuentran el aumento del precio de los minerales a nivel mundial, la llegada de empresas multinacionales del sector extractivo al país, y la aún débil institucionalidad del mismo Estado en cuanto a regulación sobre los títulos otorgados para exploración minera, su actividad asociada y el seguimiento y control de la actividad.

En las zonas donde se ejerce la minería ilegal a la problemática socioeconómica que se vive, hay que adicionar que estas actividades no generan ingresos fiscales, tributarios y no tributarios (impuestos y regalías), y también amplían el espectro de corrupción en el sector público encargado de su vigilancia. Como lo cita el informe del Centro Internacional de Toledo, resulta difícil explicar, y aceptar, cómo pueden llegar a estas zonas tan alejadas de nuestra geografía maquinarias tan costosas y de difícil transporte, que pasan frente a los ojos de tantas autoridades y que “nadie ve”.  Pareciera que los gobiernos y las autoridades regionales, fueran cómplices en su silencio del arrasamiento de nuestras montañas, de la contaminación de nuestros acuíferos y la degradación de nuestros suelos.

Aunque esta debería ser una apuesta de nación, parar la minería ilegal es una meta que sólo hasta hace un par de años, luego de unos no muy contundentes intentos de atacar el problema, empieza a generar interés. El pasado 10 de octubre de 2012, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en Reunión Ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina expidió la “Política Andina de Lucha Contra La Minería Ilegal” que busca enfrentar de manera integral la minería ilegal y sus actividades conexas, así como optimizar el control y vigilancia de maquinarias, equipos e insumos utilizados en esta actividad, entre otros.

Por parte del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Defensa el pasado 30 de octubre mediante el Decreto 2035 del 2012, se ordenó la destrucción de maquinaria pesada utilizada en la minería ilegal y se delega la ejecución de dicha medida de destrucción a la Policía Nacional. De igual manera, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó a todas las Corporaciones Autónomas Regionales y a las Autoridades Ambientales Urbanas a través de la Circular 8000-2-55045 del 02 de noviembre de 2012, que reporten en un término perentorio, información sobre todas las licencias otorgadas para actividades mineras en sus regiones con coordenadas de ubicación, áreas autorizadas y títulos mineros, con el fin de levantar un inventario de la localización de las mismas. A su vez el Ministerio de Ambiente está ad portas de expedir una Resolución en donde delega a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA-, informar a la Policía Nacional dónde se encuentran los sitios de minería legal, para que a su vez la Policía Nacional tenga claridad que lo que no está allí es ilegal.

El trabajo que se le viene a la ANLA es de enorme responsabilidad  y posibilitará, en el corto plazo, centralizar la información de las zonas en donde se desarrolla la actividad ilegal y a su vez, saber a ciencia cierta dónde están las áreas más afectadas por estas actividades, además es una gran voto de confianza del Gobierno Nacional para una entidad recién creada. Creo que es aquí donde todos debemos apuntar y entender que por unos cuantos que se benefician económicamente, y de manera ilegal, no podemos sacrificar nuestra diversidad, nuestra gente, nuestros ríos, nuestro suelo, nuestro aire, nuestra vida.

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